Los colonos de Abegondo: cómo resistir ante una orden de desalojo del Supremo

Poco podían imaginar Emilio y María hace 30 años que hoy vivirían en una casa rehabilitada a su gusto y, lo más importante, en el lugar de siempre, Ardexurxo, una aldeíta donde Abegondo es casi Carral. Porque en marzo de 1994, ni más ni menos que el Tribunal Supremo ordenó el desalojo de esta familia que vivía aquí merced a un acuerdo de los antepasados de Emilio con los propietarios de estas tierras. Ellos recibían cobijo y, a cambio, debían trabajar y mantener las fincas y entregar cada año al amo cien ferrados de trigo (unos 1.300 kilos). Como la casa no era suya tampoco podían realizar obras, por lo que esta familia numerosa convivía con corrientes de aire, humedad y goteras. Como los números no daban, Emilio alternó el trabajo de agricultor con un puesto de vigilante en la central térmica de Meirama. Aquello fue tomado por el dueño como un incumplimiento de contrato y ordenó su desalojo.

«Non tiñamos plan B, deixamos todos os cartos en preitos, a verdade é que o noso avogado, José Uribe Corrales, portouse moi ben», recuerda Emilio, quien entonces criaba a cinco hijas, más una que estaría por llegar. Cuando se conoció la sentencia del Supremo, el periodista Francisco José Castiñeira y el fotógrafo Xosé Castro recogieron para La Voz de Galicia un testimonio desgarrador del hombre que había luchado contra todo el sistema judicial y grandes poderes fácticos. «Morreremos antes de marchar», dijo Emilio entonces en la casa, situada en la parroquia de Sarandós.

Lo que nunca trascendió es que los días y las semanas fueron pasando y nadie se plantó en Ardexurxo con la orden de desalojo. «Houbo unha anulación da sentencia e o propio Tribunal Supremo ordenou ao xulgado de primeira instancia de Betanzos que recoñecera o arrendamento histórico con contrato en vigor», desvela Emilio, un hombre que pasó años haciendo equilibrios emocionales para sacar adelante a sus seis hijas y defender sus derechos dentro de un sistema que rozaba el feudalismo y que entonces tenía en vigor en Galicia más de 3.000 casos como el suyo.

También tuvo que enfrentarse a vecinos codiciosos que querían pescar en el río revuelto. En la crónica de 1994 Castiñeira escribía: «Ahora parece que algunos lugareños interesados en adquirir fincas que cultiva el matrimonio quieren aprovechar su oportunidad. ‘‘Hai xente que está esperando que marchemos para coller as terras, é inxusto'', señala Emilio».

Las tensas relaciones con la propietaria de las tierras, Josefa Caramelo, dio paso a un mayor entendimiento con el hijo de esta. Con él llegaron a un acuerdo de compra de la casa y tres fincas, en una fecha grabada a fuego: el 15 de enero del 2011. A partir de ahí ya pudieron hacer obras y hoy, ya se ha dicho, la vivienda nada tiene que ver con aquella lareira y rincones oscuros. «As camas das nenas da parte alta estaban empapadas da humidade polas noites», señala María. Tampoco era imaginable en aquellos días de 1994 que acabarían celebrando la compra de la casa compartiendo un cocido en Ardexurxo con el heredero de las propiedades. «O fillo da señora Caramelo incluso chegou a ofrecernos cartos para que puideramos ir arranxando a casa, hai que dicir as cousas como son», espeta Emilio, que hoy vive feliz con sus hijas y sus nueve nietos.

«El chabolo»

En el exterior de la vivienda hay una alargada estructura metálica a la que llaman «el chabolo». Fue su casa (tiene 127 metros cuadrados) durante muchos años ya que en la vivienda se acumulaban problemas de insalubridad. «No cuarto do baño entraba o vento, había goteiras, as camas molladas da humidade...», relata Mónica, una de las hijas. «A nosa foi unha infancia feliz pero pobre, os meus pais non tiñan para darnos máis do necesario, nunca nos faltou comida ou unha prenda de roupa, pero con 6 anos xa tiñamos que ir ás vacas mentres outros nenos ían á piscina, por exemplo», relata la hija de Emilio y María.

El caso de Larín, el dramático mensaje para el resto de caseros de Galicia

Durante la numantina defensa de la casa y su familia, a Emilio Otero le asustaba poder acabar como Ramón Vázquez, otro casero de Larín (Arteixo), adonde acudió tres años antes para intentar evitar su desalojo. Las imágenes de ese día fueron dramáticas, con el propio Ramón encadenado a la chimenea para evitar su desahucio. «Nós trincamos a porta pero había uns 200 gardas civís e entraron polas ventás, aquilo foi moi esaxerado, eu non me quería ver nunha así», recuerda Emilio. Su mujer aún se pregunta por qué no dejaron tranquilo a aquel matrimonio octogenario. «Eran xente maior, non se pode actuar así», dice María. Aquel polémico desalojo hizo repensar el resto de casos a las Administraciones.

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