Los rectores reclaman desde Santiago más dinero al Gobierno para poder aplicar la nueva ley del sistema universitario

Santiago de Compostela acogió este jueves la Asamblea General de la Conferencia de Rectoras y Rectores de la Universidades Españolas (CRUE), que aglutina a 77 instituciones públicas y privadas de todo el país. Lo hizo para que sus responsables valoraran y analizaran la implantación, a partir del próximo curso, de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), para la que el Gobierno todavía no ha precisado qué financiación la sostendrá, algo que «necesitamos conocer con la mayor brevedad», precisó la presidenta de la CRUE, Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat Jaume I. 

«Estamos en negociación con el Ministerio para saber el número de plazas y quién las va a financiar», criticó Alcón, que afirmó que no debe ser la CRUE la que responda sobre qué porcentaje del dinero debe aportarlo el Ministerio de Educación y cuál las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en materia de educación superior. «La preocupación es alta, estamos planificando los cursos académicos y necesitamos esa información». La responsable también valoró el paso adelante dado con las prácticas de los estudiantes, que empezarán a cotizar a la Seguridad Social (SS), algo que «hemos sido las universidades las que hemos asumido la gestión de las altas y bajas en la SS, todo por compromiso con ellos. Pensamos que las prácticas son una parte de la formación integral del estudiantado».

Sobre cómo se llegará en el 2030 a ese 1 % del PIB que tendrá que destinarse en la educación superior, Alcón afirmó que deben ser el Gobierno y las comunidades autónomas las que lo debatan. Esa cuestión también la valoró el rector de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, quien declaró que «ese traballo está nunha fase moi embrionaria. Fixemos estudos pero non é tanto que se destine o 1 % do PIB das comunidades, senón que se destine o 1 % sobre do total do PIB nacional. Hai que ver como se fai o reparto entre as comunidades autónomas». «Si falamos dun PIB rexional ao final trasladaríamos ás universidades todas as diferencias que xa existen a nivel global. O do 1 % é un enunciado que está posto na lei, pero falta moito camiño», afirmó López.

López también valoró la obligatoriedad de reducir la temporalidad de sus cuadros de personal por debajo del 8 %, algo que «na USC xa o cumplimos. Coa programación que temos feita, estamos en condicións de que, en outubro, ter a todo o persoal adaptado aos requerimentos da LOSU. Estamos falando de que fan falla 5.000 prazas a nivel nacional, pero na USC só precisamos 40, e xa as temos incluidas. Cando se inicie o próximo curso teremos a tódolos profesores asociados nun proceso para convertelos en indefinidos, e vamos a contratar a 50 axudantes doutores». 

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