La provincia de A Coruña perdió 526 sucursales bancarias entre los años 2010 y 2022

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Los cierres generaron protestas, como la de la Rúa do Vilar, en Santiago, en octubre del 2021
Los cierres generaron protestas, como la de la Rúa do Vilar, en Santiago, en octubre del 2021 XOAN A. SOLER

En la comarca de A Coruña cerraron en ese período 219 oficinas, 83 en la de Santiago y 61 en la de Ferrol

29 ene 2024 . Actualizado a las 15:34 h.

La reestructuración del sistema financiero en España tras la crisis económica iniciada en el 2008 supuso la desaparición de numerosas sucursales bancarias. Los mayores damnificados fueron los pequeños municipios rurales, que en muchos casos vieron como cerraba la única oficina allí existente, pero también en las ciudades se dejó sentir la desaparición de sucursales para concentrar recursos en otros emplazamientos. La reducción no distinguió entre entidades financieras, y la disminución de oficinas bancarias supuso una tasa anual del 6,7 % en España entre los años 2010 y 2022, un porcentaje similar al registrado en la provincia de A Coruña. En varios casos, fueron las fusiones entre entidades financieras las que propiciaron alguno de los cierres, para evitar duplicidades en la prestación de servicios.

En esos doce años, la provincia coruñesa experimentó un fuerte descenso de sucursales, al pasar de 936 a 410 al cierre del 2022. La reducción fue general en las 18 comarcas que la conforman. La caída que se detectó en el lustro del 2010 al 2015, año que cerró con 699 sucursales en la provincia (237 menos), se intensificó más tarde: en el 2021, eran 425 oficinas bancarias (caída de 511 sobre el 2010), y 15 menos un año después.

El descenso más elevado correspondió a la comarca de A Coruña, que pasó de 372 sucursales en el 2010 a 153 en el 2022, tras perder 219. También se experimentaron notables descensos cuantitativos en las otras comarcas más pobladas, bajando en el caso de Santiago de 144 a 61 oficinas bancarias (-83); en Ferrol se pasó de 108 a 47 (-61). La comarca de Arzúa bajó de 14 a 6; Barbanza, de 48 a 22; A Barcala, de 7 a 4; Bergantiños redujo de 40 a 20 sucursales; también Betanzos perdió la mitad, de 30 a 15; en Eume, se redujo de 20 a 11; Fisterra pasó de 17 en el 2010 a 9 doce años después; Muros, de 14 a 9; Noia, de 24 oficinas a 11; Ordes, de 30 a 14; en Ortegal disminuyó la cifra a un tercio, de 15 a 5; en Sar, bajaron de 13 a 5; en Melide, de 10 a 6; en Soneira, la reducción fue de 20 a 8; y en Xallas, de 10 a 4.

En las tres ciudades

Son datos recogidos en el último informe de coyuntura económica de la provincia de A Coruña, presentado a finales del pasado año con información referida al ejercicio anterior, un estudio impulsado por el Club Financiero de Santiago. Expone que en los municipios de A Coruña, Santiago y Ferrol, del 2003 al 2007 se incrementaron las oficinas bancarias, para iniciar desde entonces un descenso continuado y cerrar el 2022 con menos oficinas que dos décadas antes: «En el conjunto del período, el municipio de A Coruña perdió 164 oficinas, pasando de 265 en 2003 a 112 en 2022, mientras que Santiago y Ferrol sufrieron la clausura de 65 en la primera y 30 en la segunda. De este modo, el número de oficinas cayó a menos de la mitad en los tres ayuntamientos», recoge el informe. En el bienio 2021-2022, la ciudad herculina vio cerrar 25 oficinas, fueron 13 las clausuradas en el municipio compostelano y cinco en Ferrol.

Concentraciones, acuerdos plenarios y traspasos de fondos municipales para evitar cierres

Los cierres generaron una importante contestación social, tanto de vecinos/clientes como de corporaciones municipales, que se opusieron en la medida de sus posibilidades a la desaparición de las oficinas bancarias. En municipios rurales y ciudades se desarrollaron concentraciones para solicitar su continuidad. En los ayuntamientos más pequeños fue una cuestión que llegó con frecuencia a los salones de plenos, con pronunciamientos de las corporaciones para evitar la marcha de los servicios financieros.

En otros casos, intentaron medidas de presión como el traslado de fondos municipales de las entidades que cerrasen a otras para poner coto al desmantelamiento imparable de unas redes de sucursales que han mermado en la comunidad gallega de 2.371 oficinas en el 2010 a 1.025 en el 2022, tras cerrarse 1.346.

Pero fueron acciones que no lograron mitigar la pérdida de oficinas físicas, en un sistema financiero que ha cambiado sustancialmente en los últimos años. La generalización de la banca electrónica redujo notablemente la presencia de clientes en las sucursales, a lo que se unió una concentración bancaria que hizo innecesarias muchas sucursales y el objetivo de las entidades de reducir gastos en unos años en que los tipos de interés estuvieron prácticamente al cero por ciento.

Xunta y Fegamp colaboraron para llevar servicios a concellos sin sucursales

La progresiva desaparición de sucursales llevó a la Xunta y a la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) a firmar en octubre del 2019 un protocolo de colaboración que garantizase que toda la población gallega tuviese acceso a servicios financieros en su ayuntamiento. Para ello, se planteó la instalación de un cajero automático en los municipios sin sucursales, y el acceso a servicios de asistencia financiera y de formación en banca electrónica, para evitar la brecha digital en la población de mayor edad.

Según el Instituto Nacional de Estadística, eran entonces 42 los municipios gallegos sin entidad de crédito, más de 52.000 personas. Diez estaban en la provincia: Aranga, Coirós, Paderne, Vilarmaior, Vilasantar, Cabanas, Lousame, Dodro, Santiso y Toques.

Marta Ferreiro

Xosé Cuns, director en Galicia da Rede Europea contra a Pobreza: «A figura do Defensor do Cliente Bancario é imprescindible» 

Xosé Cuns, que dirixe en Galicia a Rede Europea contra a Pobreza, analiza a situación provocada polo peche de entidades bancarias na provincia coruñesa.

—Que supón para os usuarios?

—Unha menor posibilidade de atención, especialmente no eido rural, que impide acceder a todo tipo de servizos bancarios, que nós entendemos como un dereito. E o grave é que obriga ás entidades bancarias a priorizar, e prioriza en clientes rendibles fronte a usuarios como persoas maiores, en risco de exclusión, pobreza ou vulnerabilidade. Vemos cada vez máis inseguridade xurídica, para persoas vulnerables, por exemplo pola negativa a abrir contas de pago básicas sen comisións de ningún tipo, aínda que a lei as establece. Como hai menos oficinas, hai máis presión para conseguir resultados, e ao final, déixase fóra aos clientes menos rendibles: maiores, e en xeral, persoas vulnerables.

—Deberían ter intervido as administracións para frear os peches?

—Quizais non tanto para frear os peches, que tamén, pero deberían ter actuado sobre todo para garantir os servizos. Para nós é evidente que ter unha conta bancaria e uns servizos bancarios non é na maioría dos casos unha decisión libre, é case obrigatorio para percibir calquera prestación. Polo tanto, unha eiva da administración, xa da estatal, é non entender que ter acceso a eses servizos bancarios é un dereito que debe ser garantido e asegurado. Sen unha banca pública, ten que incluírse nas obrigas das entidades bancarias prestar ese servizo universal. Non está regulado, e estamos coa gran eiva de non ter a figura do Defensor do Cliente Bancario, que ía apoiarse na anterior lexislatura pero que caeu co adianto electoral.

—Que significaría ese defensor?

—É unha figura imprescindible. É imprescindible ter un marco xurídico para as entidades, para as persoas, mesmo para o Instituto Galego de Consumo, que teña ferramentas para defender ás persoas. Así podería actuarse sistematicamente, porque ata agora temos que pelexar caso a caso, xa que as entidades individualizan cuestións que son xerais, como as comisións: é insultante que se lles suban a persoas vulnerables, maiores, migrantes, perceptores de Risga ... Protestan do 30 ao 40 % de afectados e condónanllelas, pero o marxe de beneficio está no 60 % que non se queixa.

—As medidas alternativas ao peche de sucursais, son suficientes?

—Van funcionando, con bastantes diferenzas entre unhas entidades e outras; tamén algunhas tratan de apoiar máis ás persoas maiores, sen fixar un horario determinado para atendelas. Pero queda bastante por facer. O que houbo ata agora foron parches, e se encima se teñen que financiar con diñeiro público ... O que ten que haber é a media hora, ou unha hora como moito de desprazamento, unha oficina bancaria con persoal, e non servizos itinerantes, que parece que é a moda para atender ao rural. Nós xa eliminamos a palabra das nosas demandas ante as eleccións autonómicas.