La norma que regula la venta directa de productos primarios caló de manera desigual entre los agricultores locales
23 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Antonio Sandá está convencido de que en la feria de ayer en Arzúa había «moitos menos» vendedores de productos del campo que de costumbre. «Por medo», afirmaba a mediodía este vecino de Boimorto para explicar que el temor a multas por no adaptarse al decreto aprobado por la Xunta para regular la venta directa de productos primarios restó afluencia al mercado de la capital comarcal. No fue su caso. Acudió, como siempre, acompañado por su mujer María con el ánimo de hacer dos duros extra vendiendo lo que les sobra de lo que cosechan para consumo propio. Ni se dio de alta en el correspondiente registro, ni tenía identificada la mercancía, dos de las medidas que contempla la normativa autonómica que esta misma semana entró en vigor.
Está totalmente en contra de ella. Y sus razones tiene este jubilado que sostiene a la familia con la pensión que cobra. «O que están facendo é unha inxustiza, un insulto para o pobre», afirma para explicar que «eu aínda que non veña vou vivir igual, pero hai moita xente que o agradece porque lle fai falta». Lo que se gana es una pequeña ayuda, «unha insignificancia», apunta su mujer. Y tanto. «Por debaixo dos 30 euros», calcula que harían de haber vendido todo lo que ayer llevaron a la feria: 4 kilos de pimientos, otros tantos de nueces, 2 kilos de habas, 5 kilos de manzanas y la misma cantidad pero en ristras de cebollas. Luego de toda la mañana, «mira que xornal quitei», ironizaba María tras contar que solo había despachado un par de kilos de nueces.
La otra cara de la moneda de los jubilados que venden excedentes agrarios -son legión en las ferias- la representan los productores que tienen en el cultivo y la venta de verduras, hortalizas y legumbres su actividad económica y fuente de ingresos. Es el caso de Salomé Villar y de Luis Ares, con sendas explotaciones agrarias en la parroquia arzuana de Viñós. Él ya tramitó el alta -y ella está en proceso- en el registro abierto por la Xunta para tener constancia de las que se dedican a la venta directa. Están de acuerdo con la regulación porque «dá máis confianza ao consumidor, está máis controlado o que se vende e elimínanse alimentos que non teñen control ningún», afirma, entre otras razones, ella. En lo que sí coinciden partidarios y detractores de la norma es en echar en falta información para aplicarla. Desconocen, por ejemplo, cómo identificar y etiquetar la mercancía.