Se culpa de las siete víctimas al chófer del autobús que cayó al río Lérez la pasada Nochebuena para diluir otras responsabilidades sobre el estado de la N-541
15 oct 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Como pasó con el terrible accidente ferroviario de la curva de Angrois, da la impresión de que con el siniestro del autobús que se precipitó al Lérez en la pasada Nochebuena, también se está buscando un chivo expiatorio. Es decir, alguien en quien concentrar la mayor (supuesta) culpa del suceso, procurando diluir otras responsabilidades lo que conllevaría exigir cuentas a las Administraciones públicas directamente concernidas.
Ya pasó con la tragedia de Angrois. Las asociaciones de familiares de las 80 víctimas del Alvia echaron siempre en falta que no se investigase a responsables públicos y ministeriales, mientras el mayor marrón le cayó encima al maquinista del tren, Francisco José Garzón y al ex responsable de seguridad de ADIF, Andrés Cortabitarte, ambos pendientes de sentencia.
Con el accidente del autocar que se precipitó al río, esa culpa se le está endosando a Carlos Monzón. Es el chófer y uno de los dos únicos supervivientes, quien se encuentra en situación de investigado por el juzgado pontevedrés que instruye las diligencias del suceso en el que murieron siete personas. Se le imputan siete homicidios por imprudencia. De momento, no se han demandado más responsabilidades. A pesar de las lamentables condiciones de la carretera, cruciales tanto por falta de seguridad vial, como empeoradas por la pésima climatología de aquel 24 de diciembre.
Desde la Nochebuena de 2022, el Ministerio de Transportes y diversos representantes gubernamentales que han comparecido por este asunto, han echado balones fuera ante una eventual responsabilidad de la Administración central, titular de la N-541. El anterior delegado de Gobierno, José Miñones prefirió embarcarse en una cruzada política contra los alcaldes que secundaron el llamado Pacto de Pedre, constituido como plataforma de reclamación de los municipios. Pese a que esos ediles acreditaron la peligrosidad de la carretera con una amplia relación de siniestros de tráfico con saldo mortal, la respuesta que obtuvieron del anterior delegado fue que eran unos oportunistas.
No puede extrañar. Miñones no va a pasar al Olimpo de los delegados gubernativos en Galicia, pero gracias a su papelón en este y otros delicados asuntos —como el naufragio del Villa de Pitanxo— se ganó su ascenso a ministro de Sanidad. Su sucesor, Pedro Blanco, ha entrado con igual o peor pie en lo que atañe al caso. Fue él quien se anticipó (más bien se precipitó) a echarle la culpa al chófer del autobús cuando el pasado 21 de septiembre achacó a «exceso de velocidad» tanto la tragedia de Nochebuena como un posterior accidente de un motorista de Marín quien murió también en la N-541, en enero. Blanco citó como fuente, la investigación a cargo de la Guardia Civil de Tráfico.
Cóctel de causas
Sin embargo, esta misma semana, La Voz de Galicia tuvo acceso al contenido del informe pericial de los especialistas de la Benemérita. El delegado gubernativo obvió que el atestado maneja un cóctel de causas y no solo una única responsabilidad, la del chófer. En la información que firmó nuestro compañero Alfredo López Penide se señalan varias causas desencadenantes y no solo un pretendido exceso de velocidad.
Si bien los investigadores determinan que Carlos Monzón llevaría el autocar a unos 90 kilómetros por hora, en un tramo restringido a 80 kilómetros por hora, es decir una diferencia de solo 10 kilómetros por encima de la limitación, el informe enumera también otros dos factores determinantes de la tragedia: las condiciones meteorológicas y el estado de la carretera, donde la lluvia acumulada había producido una balsa de agua que hizo perder al chófer el control del autobús.
El propio Carlos Monzón así lo manifestó en las declaraciones preliminares. Mantiene que el vehículo hizo aquaplaning, perdió el control del mismo y no pudo evitar que el autobús terminase rompiendo el guardarraíl y la barandilla del puente hasta precipitarse al río. Las medidas de seguridad vial en ese puente eran manifiestamente escasas para aminorar la gravedad del accidente.
Frente amplificado
Por cierto: la carretera Nacional 541 sigue igual de mal e insegura, camino de cumplirse el primer aniversario de la tragedia. El Gobierno anunció en junio que acometía «obras de conservación», por importe de casi ocho millones de euros, cuyos efectos aún no se perciben. Pero no bastarán. Se precisa una reforma integral como vienen reclamando alcaldes de todo signo político, tanto de concellos ourensanos como pontevedreses por los que transita, y que han decidido incrementar la presión reivindicativa frente al Ministerio de Transportes.
Recientemente, los alcaldes del Pacto de Pedre mantuvieron reuniones con los alcaldes de Pontevedra y Ourense y con los presidentes de las respectivas diputaciones provinciales quienes se adhirieron a la petición expresada por los munícipes e incluso amplificaron la demanda. Proponen que se estudie la construcción de una vía de alta capacidad que uniese Pontevedra y Ourense. Un desiderátum que tiene pocas posibilidades de prosperar a la vista de lo complicada que resultaría su trazado y la experiencia acumulada con otras infraestructuras en marcha que se ejecutan a ritmo de pirámide egipcia, como decíamos la semana pasada con respecto a la circunvalación de la ciudad del Lérez.