La Xunta consigna 1,7 millones de euros para el nuevo edificio judicial
PONTEVEDRA
El plan, de carácter trianual, prevé otros 18 millones entre el 2016 y el 2017
21 oct 2014 . Actualizado a las 12:48 h.La Xunta espera poder aclarar entre este año y el que viene el entuerto que mantiene paralizado el proyecto del nuevo edificio judicial desde el año 2010. Al menos, así se desprende de los presupuestos elaborados para el 2015, que incluyen una partida para la construcción de las futuras instalaciones. El departamento de Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ha consignado una dotación de 1.744.868 euros en concepto de «Edificios e outras construcións. Edificio xudicial de Pontevedra». Una partida secundaria acompaña a la primera en concepto de mantenimiento, para el que reserva otros 115.379 euros del «Plan de infraestruturas xudiciais. Obras menores».
El proyecto que completaría el complejo judicial de la ciudad del Lérez se distribuye en tres anualidades. Así, a la prevista para el próximo año se suman otras dos partidas que se incluirían a lo largo del 2016 y el 2017. Cada uno de estos dos ejercicios el Ejecutivo gallego aportaría 9.127.566 euros, lo que sumaría entre los tres períodos proyectados un total de 20 millones de euros.
Enredo inmobiliario
Es una cifra redonda para un proyecto que se ha quedado enfrascado en lo que parece una lucha entre Administraciones: la Xunta y el Concello de Pontevedra. Este último asegura que los terrenos ya son de su propiedad, todos, y que están a disposición del Gobierno autonómico. Únicamente tendría que inscribirlo en el Registro de la Propiedad para poder hacer libre uso de él para construir el nuevo edificio judicial, afirman.
El primero lo niega tajantemente, y acusa al gobierno local de mentir. Alude a problemas de titularidad de las fincas en las que se levantarían las instalaciones de Xustiza. El debate surge a raíz de una serie de operaciones inmobiliarias iniciadas en el 2012.
Fue entonces cuando el Ayuntamiento expropió una de las parcelas que conforman el terreno. Tenía algo más de 1.300 metros cuadrados y era propiedad de la sociedad Os Regos Promociones SL. El entuerto comenzó cuando esta empresa vendió, a su vez, esta misma finca a otra firma, llamada Monprix 26 SL.
Para aclarar la confusión, el Registro de la Propiedad insta ahora al Concello a seguir lo que en términos jurídicos se denomina tracto sucesivo, que consiste en seguir la ruta que recorrieron los terrenos; es decir, determinar los sucesivos propietarios que tuvo la parcela. Una vez localizados, podrá inscribirla bajo su titularidad.
Pulso político
De ahí que ambas partes defiendan su teoría, a pesar de ser opuestas: el Concello asegura que es un trámite burocrático el que lo retrasa, y que este no debería impedir que se vaya iniciando el expediente de construcción. La Xunta, por su parte, asegura en la memoria de los Orzamentos que «as novas coñecidas recentemente respecto do recoñecemento por parte do propio Concello (contrariamente ao que viña mantendo) da existencia de parcelas que aínda non están en disposición de ser inscritas no Rexistro, fai previsible que a efectiva inscrición rexistral e cesión a favor da Xunta de Galicia non se poida facer de xeito inmediato, polo que se reaxustan lixeiramente as anualidades previstas, considerando aínda así que a cesión debería ser efectiva no primeiro trimestre do ano para, acto seguido e de xeito inmediato, poder licitar a obra».
Por el momento, el nuevo edificio judicial sobrevive a este pulso político, como ya lo hizo a la polémica acerca de la reducción de partidos judiciales. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró entonces el futuro de un edificio judicial al que le está costando asentar sus cimientos.