Hasta el año 1995, cualquier abogado que quería ejercer su profesión libremente por cuenta propia estaba obligado a afiliarse a la mutualidad de la abogacía, sin posibilidad de afiliarse al régimen especial de los trabajadores autónomos (RETA). El sistema mutualizaba las pensiones a percibir por los profesionales que se iban jubilando, y así, con el dinero que abonaban los profesionales en ejercicio, se constituían los fondos que alimentaban unas pensiones de jubilación dignas que percibían los compañeros al jubilarse.
A partir del año 1996, la mutualidad de la abogacía pasa de ser un sistema de previsión alternativo al RETA a convertirse en una compañía aseguradora más, y en el año 2005 se pasa de un sistema de capitalización colectiva a uno de capitalización individual, con lo que desaparece la solidaridad mutual. Estos cambios convirtieron un sistema troncal de pensiones, al que habían sido obligados a suscribirse los profesionales colegiados antes del año 1995, en un sistema netamente asegurador; acorde con los demás planes de pensiones existentes. Esta solución provocó que naufragase aquella expectativa de pensión digna a la que los abogados habían sido forzados a acudir y cotizar cuando se colegiaron, encontrándose con que se les dejaba con un simple plan de pensiones diseñado para ser un mero complemento de pensión, más que una pensión.
Sensible al problema, el Gobierno de España acaba de anunciar que abre una vía para reparar ese efecto indeseado, derivado de la conversión del sistema mutual en uno puramente asegurador, que afecta a unos profesionales que se encontraron con sus aportaciones secuestradas por un sistema que dejó de garantizarles la pensión digna comprometida cuando, en su momento, fueron obligados a afiliarse.
La llamada pasarela al RETA plantea que aquellos profesionales a los que tal anómalo desenlace aboque a una futura situación de vulnerabilidad puedan decidir voluntariamente volcar sus aportaciones de toda una vida profesional, depositadas en su mutua, en el sistema público de pensiones a cambio de años de cotización que les permitan la percepción futura de una pensión digna. A la espera del desarrollo reglamentario que concrete el compromiso, hay que felicitar al Gobierno por la decisión tomada; esperando que dicha pasarela pueda ampliarse más allá de los profesionales en situación de vulnerabilidad, ya que la desaparición de la actividad mutual y su conversión en planes complementarios de pensiones no fue en su momento gestionada de manera clara por las mutualidades, con los efectos perversos que ahora van aflorando.