La reciente investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno está generando diferentes reacciones políticas. La oposición se prepara para una ofensiva política, legal y social para intentar tumbar a un Ejecutivo que califican de ilegítimo e ilegal. Sin embargo, uno de los movimientos que el partido de ultraderecha Vox ha anunciado es de dudosa legalidad: la huelga general convocada por su sindicato satélite Solidaridad para el próximo viernes, 24 de noviembre, bajo el lema «frente a la desigualdad, frente a la traición».
Los sindicatos mayoritarios la han calificado abiertamente de ilegal y fraudulenta, debido a la nula representatividad del sindicato, un 0,1 %, y dado el carácter político de la misma, puesto que el artículo 11.a) del preconstitucional Real Decreto Ley 17/1977, sobre relaciones de trabajo, considera una huelga ilegal «cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados».
El sindicato ultra se ha cuidado de apelar únicamente a la ley de amnistía, y justifica la convocatoria «para expresar el contundente rechazo a las políticas de recortes sociales, supresión de derechos laborales y la desigualdad de los trabajadores que se producirán al amparo de las cesiones al separatismo y a quienes quieren romper la unidad de España».
Sin embargo, desde la STC 11/1981, la jurisprudencia que desarrolla el artículo 28.2 de la Constitución Española se ha mostrado extensiva con el derecho fundamental de huelga, y ha amparado supuestos que no difieren mucho del planteado, como el resuelto por la STS de 15-1-20, curiosamente vinculado a la situación de Cataluña, que considera legal la huelga general convocada por el sindicato Intersindical-CSC, con una representatividad del 0,488 %, que la patronal denunciaba de carácter político.
En este caso, el Tribunal Supremo dejó claro que la mínima implantación no impide la convocatoria, y, aunque en la misma aparezcan enunciadas otras finalidades que puedan ser calificadas como políticas, no se desvirtúa el carácter esencial de la huelga, denominada por parte de la doctrina como «huelga mixta».
En fin, aunque cualquier ciudadano identificaría fácilmente esta huelga general con la estrategia política de Vox, sería muy difícil que un tribunal la considerara ilegal.
No obstante, como bien saben los sindicatos de clase, las huelgas generales, más allá de su calificación, se ganan o se pierden, y tendremos que esperar al viernes para conocer su resultado.