Lo del Estado de las autonomías de este país tiene un calificativo: desastroso. Y si queremos aplicarle otro, ineficaz. Cuarenta y cuatro años después de comenzar con Cataluña y Euskadi, la experiencia autonomista se nos ha atragantado y el balance resulta desalentador. Por mucho que nos digan, y recojan los manuales, que las autonomías, amparadas por la Constitución, forman parte del ordenamiento jurídico del Estado.
Pues será que también tenemos mal el ordenamiento jurídico. Y se hace necesario darle una vuelta a todo el sistema. Sin dejar que quienes quieren acabar con el Estado autonómico puedan ni tan siquiera intentarlo. Pero algo habría que hacer para que no salte por los aires una fórmula que ha dado grandes beneficios pero que se antoja que se nos está quedando obsoleta. O que ya no se la respeta.
Los catalanes no entendieron lo que es el Estado de las autonomías y por eso montaron la revolución de los señoritos, que acabó, o acabará, como el rosario de la aurora. A la sublevación catalana le han seguido una serie de rebeliones y motines, incluso de las comunidades en manos de quien se jacta de respetar y defender la Constitución. Con la lideresa madrileña marcando la ruta en asuntos tan delicados como la lucha contra la pandemia, la sanidad, la educación o las cargas fiscales. Un levantamiento en toda regla.
Pero no solo catalanes y madrileños. Y no solo independentistas y populares. También hubo comunidades socialistas insurrectas en limitaciones a la hostelería y el ocio, aplicación de la Lomce, políticas fiscales y financieras y en el acceso a la sanidad pública de extranjeros. Por citar algunos asuntos.
Y la trifulca continúa. El Gobierno acaba de calificar de «casi una declaración de independencia» la futura ley del litoral gallego de la Xunta. Pero la intensidad de los enfrentamientos se elevó por el incumplimiento de la ley del aborto en Castilla y León, aún sin resolver y que, por mucho que se explique, nadie entiende a qué viene a estas alturas.
El desorden autonómico que vivimos requiere de una toma de decisiones inmediata para que el deterioro no vaya a más. Dejando a un lado la paradoja de que quienes están dañando el Estado autonómico, con sus caprichos y desvaríos, son los mismos que se rebelan e incumplen la Constitución, se hace imprescindible abordar el asunto con el rigor que requiere. Porque los enemigos aguardan al acecho y lo único que se hace es darles argumentos para avanzar en delirio.
La cuestión no es acabar con el Estado autonómico. Ni mucho menos. Hay que actuar sobre dos principios. Mejorar y adaptar la organización territorial y sus reglas a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades. Y, una vez hecho esto, castigar con extrema dureza a quienes incumplan lo establecido. Puede ser muy productiva la suspensión de competencias. Porque esto no es un juego de niños en el patio del colegio. Es el futuro del país.