Fernández Liñares, expresidente de la Hidrográfica Miño-Sil y exconcejal de Lugo, entrará el lunes en prisión por un caso de corrupción
LUGO CIUDAD
El socialista fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a empresarios amigos. Es el principal damnificado de la Operación Pokémon
03 feb 2024 . Actualizado a las 20:52 h.El expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) y exconcejal de Urbanismo de Lugo, Francisco Fernández Liñares, ingresará la próxima semana en prisión. Seguramente, el lunes. El Tribunal Supremo (TS) ratificó en el año 2023 la condena que le había impuesto la Audiencia Provincial de Lugo como autor de un delito continuado de cohecho y otro de prevaricación, al dar por probado que adjudicó obras a empresarios amigos a cambio de sobornos. Esta resolución es la que, más de diez años después, ha derivado en la orden de ingreso en prisión.
Esta sentencia supuso la primera gran condena firme para un político de primer nivel dentro de la Operación Pokémon, la macrocausa dirigida por la jueza Pilar de Lara que investigó una supuesta red de corrupción a gran escala en las instituciones gallegas. Un caso iniciado en el 2011 y que, casi 15 años después, acumula más archivos que condenas.
El de Liñares ha sido, no obstante, el caso más significativo de la operación. El exconcejal socialista de Lugo, mano derecha del alcalde José López Orozco en aquellos años, fue acusado de varias tramas de adjudicaciones fraudulentas. La de la CHMS es la más cuantiosa y la que le valdrá un mayor castigo.
La Audiencia condenó a Liñares a cinco años de prisión por el delito de cohecho y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. El Supremo le rebajó la pena a cuatro años y medio de cárcel y a ocho y medio de inhabilitación.
Según el TS, Liñares se puso de acuerdo con los representantes de varias entidades la adjudicación de determinadas obras a empresas «previamente seleccionadas según lo convenido entre el presidente de la CHMS y los empresarios concurrentes a la licitación», de manera que «ya de antemano se conocía que la adjudicación se haría a favor del precio más ventajoso para la Confederación».
La Sala del Supremo considera que Liñares «estableció un turno para que los distintos empresarios concertados rotaran a la hora de presentar el precio más bajo en los sucesivos concursos, de modo que fue adjudicando los diferentes contratos a aquellos empresarios que estuvieran dispuestos a pagarle por las adjudicaciones».
Ingreso en prisión inminente
Por esta causa, la Audiencia Provincial ha ordenado su ingreso en prisión. La notificación le fue remitida recientemente, por lo que la semana que viene (previsiblemente el lunes), deberá ingresar en el centro penitenciario de Monterroso, donde cumplirá su pena. La entrada, hasta entonces, será de carácter voluntario. Si se cumple el plazo máximo y no se ha presentado en prisión, el juzgado puede emitir una orden requisitoria para que sea detenido y trasladado a la cárcel.
Liñares ya estuvo en prisión preventiva en el año 2012, cuando estalló la Operación Pokémon. Fue uno de los primeros arrestados. El tiempo que ya estuvo encarcelado se restará de su condena.
El exconcejal continúa pendiente de un último juicio, el de la pieza original de la macrocausa. En los próximos meses, se celebrará en la Audiencia Provincial de Lugo un pleito que ya tiene un acuerdo. Esta pieza juzga la concesión del servicio de la grúa municipal de Lugo a la empresa Cechalva, la cual habría sobornado a Francisco Fernández Liñares, entonces concejal de Urbanismo en Lugo, para obtener esta adjudicación.
El político, que ya carga con diversas condenas por corrupción que suman 5 años y diez meses, aceptará en el juicio una nueva pena de dos años y medio de prisión, 105.000 euros de multa y 9 años de inhabilitación para ejercer un cargo público. Se le considera autor de un delito de violación de secretos por funcionario público, otro de cohecho cometido por funcionario público, otro de prevaricación y un último de blanqueo de capitales. Diversos empresarios y socios de Liñares han aceptado también declararse culpables a cambio de rebajas de pena.