El presidente de la plataforma de víctimas del Alvia: «Exigimos responsabilidades ante una tragedia que pudo haberse evitado»
GALICIA
El colectivo regresa a Santiago para conmemorar el décimo aniversario del accidente
24 jul 2023 . Actualizado a las 15:47 h.«Diez años de lucha tratando de destapar todo lo que hay detrás de una tragedia que se podía haber evitado: el pacto de la curva, la razón de Estado, ADIF y el señor Cortabitarte», con esto abrió la asamblea celebrada en el pazo de Faramello Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de víctimas de Angrois.
En el décimo aniversario del accidente que conmocionó a Galicia, el juicio llega a su fin el próximo jueves. Sin embargo, lo que debería ser una alivio para las víctimas y familiares de los fallecidos, continúa siendo un sufrimiento debido a que todavía no hay responsables, dicen, para un suceso que dejó sin vida a 80 personas e hirió a otras 145.
«Peleamos contra el Estado y las instituciones implicadas, quienes han tratado por todos los medios de ocultar la verdad», recrimina Jesús Domínguez. Desde la plataforma afirman que el papel del Estado se ha podido ver reflejado en la «repentina» postura que tomó la Fiscalía al retirar de la acusación al exdirector de Seguridad en la Circulación de ADIF, Andrés Cortabitarte. Hasta entonces, en el banquillo de los acusados se sentaban el excargo de ADIF y el maquinista que conducía el tren, Francisco José Garzón, para quien la Fiscalía mantiene su acusación.
Pero la plataforma no coincide con esa decisión. Para ellos el problema está en la «falta de seguridad del tramo en el que sucedió el accidente», ya que «no se puso el ERTMS», el sistema de seguridad que requerían las vías según las reglas de ingeniería al tratarse de «un tramo peligroso». Aunque ya se presentó por escrito una prueba en la que «un jefe de maquinistas advirtió del peligro de la curva y de que esta no estaba señalizada». Jesús Domínguez asegura que, en su día, se desconectó cualquier sistema de seguridad para evitar retrasos en la disposición de la vía de alta velocidad.
Así, «el papel de la abogacía del Estado, en vez de defender el interés de las víctimas, solo le interesa defender a ADIF, al señor Cortabitarte y la alta velocidad», asegura.
Algo en lo que también hacen hincapié desde la plataforma es en la demora de la entrega de documentos por parte de la abogacía del Estado, constituida por Adela Álvarez y Javier Suárez: «Hasta cuatro años tardaron en presentar el dossier de seguridad que correspondía con esta línea ferroviaria». «Demostramos en el juicio que lo que habían aportado hasta ese momento era una información obsoleta que ocultaba la verdad, así, se confirmó que las versiones que habían facilitado previamente no coincidían con las reglas de ingeniería vigentes», explica Jesús Domínguez. Las víctimas demostraron de esta forma que Cortabitarte fue el que firmó aquel «Certificado de Seguridad», el cual, dicen, «aprobó la desconexión del ERTM sin realizar el análisis de riesgo y mitigarlo, por lo que no garantizaba la fiabilidad de ese tramo en el que se produjo el accidente». El jueves, el juicio quedará visto para sentencia.