El ajuste deja en pie 1.579 «chiringuitos»

serafín lorenzo SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Solo Cataluña, Andalucía y Madrid tendrán más entes que Galicia, pese al cierre o fusión del 37 %

23 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

Son consorcios, sociedades mercantiles, fundaciones, entes públicos empresariales y organismos autónomos. Un complejo entramado de órganos de diverso pelaje jurídico que gestionan en España miles de millones de presupuesto público y que, en muchos casos, permanecen impermeables a la fiscalización.

Los cometidos de estos chiringuitos son dispares. Galicia creó un consorcio dedicado a la organización de la salida de la vuelta al mundo a vela del 2005. Y lo mantuvo hasta siete años después de la celebración del evento. Dedicó una fundación a la carne (extinguida en el 2012) y una empresa pública a la gestión de la estación de Manzaneda (todavía operativa, aunque incluida en la segunda fase del plan de racionalización). Repartió por el país 34 fundaciones comarcales (ya liquidadas) y cuatro organismos de gestión del suelo ahora fusionados en uno (Xestur). Hasta que decidió poner orden y aligerar un lastre que, sin contar el Sergas, llegó a mover más de 1.000 millones al año. A pesar del ajuste en marcha, que afectará a 59 entes, Galicia será con 99 entes la cuarta comunidad con más chiringuitos. En total, el sector público autonómico aún conservará en España 1.579 de los 2.369 entes que tenía en el 2010. Y todo esto sin contar los de diputaciones y ayuntamientos.

La galaxia autonómica

La mitad del total, en Cataluña, Andalucía y Madrid. Las comunidades más pobladas son las que cuentan con un censo más copioso de entes autónomos, aunque no son las que realizarán un esfuerzo mayor para reducirlo. Cataluña prevé prescindir de 125 de los 479 que tenía hace cuatro años, un ajuste del 26 %. Pero seguirá siendo la comunidad con más chiringuitos, con 354. Andalucía, que liquidará o fusionará 127 (el 34,5 % del total), conservará 241. Y Madrid tiene previsto eliminar uno de cada cinco, hasta quedarse con 153 de los 189 que tenía esa comunidad en julio del 2010. El plan de racionalización en el que Galicia fue pionera le permitirá bajar de los 99 entes, aunque pasará de ser la sexta comunidad con la mayor Administración paralela a convertirse en la cuarta. Esto se debe a que los gobiernos de Baleares y de la Comunidad Valenciana harán una limpieza mayor que la de la Xunta. De hecho, Baleares es la comunidad que aplicará un ajuste de mayor envergadura. Liquidará 110 sociedades, el 60 % de las 181 con que contaba en el 2010. De este modo, se quedará con 71 chiringuitos frente a los 99 de la Xunta. Y la Comunidad Valenciana también quedará por debajo del umbral gallego, al rebajar el 40 % para pasar de 162 a 97.

Personal afectado

Más de 50.000 trabajadores. Hacienda calcula que la reducción de 790 entes del sector público autonómico tendrá incidencia en la situación de 51.766 trabajadores en España, de los que 46.306 se verán afectados por medidas de reestructuración en los entes que subsistirán y 5.460 perderán su empleo en los que se cierran. Según los datos del ministerio, en Galicia son 633 los trabajadores implicados. La liquidación de entes supone que 311 pierden sus empleos, mientras que los 322 restantes quedarán a expensas de la reestructuración de los organismos en los que prestan servicio. La Xunta ya emprendió el año pasado el traspaso de 883 plazas laborales a cinco organismos de nueva creación. El impacto aquí será muy inferior al de otras comunidades. En Cataluña afectará a 12.803 trabajadores; en Castilla-La Mancha, a 11.879; en la Comunidad Valenciana, a 8.816; en Castilla y León, a 4.444; y en Madrid, a 4.066.

Deudas millonarias

Gestión en entredicho. La carga que la sobredimensionada Administración paralela representa para los gobiernos autónomos incluye un elevado endeudamiento. Los Presupostos de este año cifran en 203 millones los números rojos de 19 sociedades públicas dependientes de la Xunta, aunque la deuda real se aproxima a los 1.000 millones. Esto obliga a la Administración a realizar transferencias internas o suscribir operaciones de crédito, con las que en el 2013 consiguió reducir esa deuda un 33 %. Hay casos como el de Xestur, a la que la Xunta inyectó hace unos meses 32 millones para poder atender compromisos financieros por el suelo industrial que se compró a crédito y que no se ha vendido.

Lei de emprego público

Directivos de la empresa privada. Además de otras singularidades respecto a la Administración autonómica, los chiringuitos disponen de libertad para reclutar a sus directivos en la empresa privada, sin necesidad de que sean funcionarios. A pesar de que esto ya se aplica en la práctica, la Xunta lo consolidará legalmente en la nueva norma sobre Emprego Público. Además, a través de la Lei de Orzamentos del 2015, el Ejecutivo ha incorporado una medida para que esos entes también puedan contratar libremente personal funcionario o laboral.