Alega la vigencia el contrato y las indemnizaciones que debería afrontar
02 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Audasa podrá seguir respirando tranquila respecto al mantenimiento de su contrato como gestor de la autopista del Atlántico, pese a las amenazas de suspender su concesión que en agosto llegó a pronunciar la propia ministra de Fomento tras los atascos registrados en diversos peajes de la AP-9 coincidiendo con el regreso del tráfico de las playas.
La seguridad respecto a la continuidad de la concesión ha sido transmitida por el Gobierno en una respuesta parlamentaria al senador del PSdeG Javier Losada, que se había interesado por la verdadera intención de Pastor al amenazar a Audasa con cortar la gestión que la empresa tiene concedida hasta agosto del 2048. «Actualmente, el Gobierno no tiene previsto el rescate de la concesión de la autopista AP-9», asegura Fomento como punto básico de sus planes de futuro para el principal vial de Galicia.
Para explicar su intención de mantener el sistema concesional, el ministerio indica que la normativa que regula los contratos de concesiones de bienes y servicios públicos «establecen unos derechos y obligaciones tanto para la Administración como para el concesionario». Fomento recalca que entre los derechos de una concesionaria de una autopista como la AP-9 se incluye la percepción de peajes según las tarifas aprobadas por el Gobierno.
«La supresión unilateral de dicho derecho (rescate) no solo rompería el equilibrio económico-financiero de la concesión que la Administración viene obligada a mantener, con el consiguiente pago de indemnizaciones si el desequilibrio se produce por decisión de la misma, sino que desvirtuaría la propia naturaleza contractual de la concesión», señala el Gobierno en su respuesta a Javier Losada.
Efectivamente, la rescisión unilateral de la concesión, aunque se debiese a motivos de incumplimiento en el mantenimiento de las condiciones óptimas del servicio, daría lugar a una indemnización para compensar la inversión realizada hasta el momento por Audasa y que aún no esté amortizada, así como la deuda contraída por la empresa para llevar a cabo el mantenimiento del vial y las obras de mejora que la propia Administración le hubiera demandado. En este momento la deuda de Audasa alcanza los 729 millones de euros y su patrimonio neto, el que más se acerca al valor real de la empresa, supone otros 486 millones más. A ambas cantidades habría que sumar aún el lucro cesante a causa de la ruptura del contrato, con lo que una hipotética rescisión difícilmente bajaría de los 2.000 millones de euros en indemnizaciones.
Aunque la amenaza de Pastor cuenta con respaldo legal en el apartado 107 de las Cláusulas Generales de la Explotación de Autopistas, vigente desde 1972, que ampara la posibilidad legal de la suspensión de una concesión, a esta nunca se llegaría antes de que la concesionaria hubiera recibido diversas advertencias por parte de Fomento conminando a reparar los incumplimientos o deficiencias detectadas, marcando un plazo además para su resolución. La no observación de dichos requerimientos daría lugar a sanciones económicas, y ya en último extremo al rescate de la concesión. A pesar de los atascos y las quejas de la propia Pastor, Audasa no recibió sanción alguna, aunque sí la presión del ministerio.