García-Castellón exonera al PP de ser juzgado por la caja B de Madrid y abre causa a Granados

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Francisco Granados, en una imagen de archivo
Francisco Granados, en una imagen de archivo MARISCAL | EFE

El juez rechaza declarar partícipe a título lucrativo al partido liderado por Feijoo

03 abr 2024 . Actualizado a las 23:19 h.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón acordó este miércoles la apertura de juicio en la pieza separada del caso Púnica relativa a la existencia de una caja B en el PP de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre. El magistrado dirige la causa contra el que fuera secretario general de la formación, Francisco Granados, y su gerente Beltrán Gutiérrez, entre otros, pero rechaza la petición de las acusaciones para que el PP, Aguirre o su sucesor Ignacio González sean considerados partícipes a título lucrativo de estos hechos.

Según García-Castellón, el PP no se benefició de la contabilidad paralela de su formación madrileña para sufragar los gastos electorales de los comicios del 2011, los últimos de Aguirre como presidenta regional. Una tesis radicalmente contraria a lo que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo consideraron probado en el caso Gürtel, sobre la caja B que manejó el entonces tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. Ello pese a la similar operativa, según la investigación. En concreto, se trata del delito electoral en los comicios autonómicos del 2011.

1,5 millones de euros en dinero negro

La Guardia Civil calcula que la tesorería del partido regional tenía entonces un remanente de 1,5 millones de euros en dinero negro para gastos, pero el juez rechaza la solicitud de la acusación popular de declarar partícipe a título lucrativo al PP como persona jurídica.

El colectivo de abogados Adade considera que las candidaturas populares se vieron beneficiadas del exceso de gasto electoral y de su ocultación a través de la citada caja paralela que manejaba el gerente Gutiérrez. Sin embargo, para García-Castellón estas pretensiones de responsabilidad civil, formuladas en los «genéricos términos» expresados en el escrito de la acusación, «no pueden prosperar en este punto del procedimiento, después de una prolongada instrucción sin mayor grado de concreción en cuanto a cada uno de los supuestos partícipes».

Decisión «congruente»

La misma conclusión debe extenderse —añade el juez que en octubre cumplirá los 72 años para su jubilación forzosa— respecto de la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de citar en calidad de partícipes a título lucrativo a los expresidentes de la comunidad Esperanza Aguirre e Ignacio González. La decisión adoptada, explica, «es congruente» con el criterio seguido en el auto de apertura de juicio dictado en la pieza separada número siete de Púnica. Entonces se resolvió en el mismo sentido que ahora «ante una petición idéntica de la acusación popular y no fue apelada por ninguna de las partes, por lo que devino firme».

Además, García-Castellón abre juicio al citado exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez y al exconsejero de Presidencia y exsecretario general de la formación Francisco Granados (exmano derecha de Aguirre) por un delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas. En el caso de este último, además, por tráfico de influencias en concurso con malversación y otro delito de prevaricación.

El instructor acuerda también sentar en el banquillo a los investigados Alejandro de Pedro, Isabel Gallego (quien fuera jefa de prensa de Aguirre), Borja Sarasola, Diego Mora y José Martínez Nicolás y desestima llevar a juicio al expresidente Ignacio González al haber sido sobreseída su causa en octubre de 2022. Una decisión que fue confirmada por la Sala Penal de la Audiencia Nacional en noviembre tras rechazar el recurso de las acusaciones.