Fernández Díaz amenaza con implicar a la cúpula del PP de Rajoy en la Kitchen

Mateo Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en una foto de archivo.
El exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en una foto de archivo. BENITO ORDÓÑEZ

El exministro cambia de estrategia y se abre a una confesión más amplia

21 nov 2023 . Actualizado a las 05:00 h.

Son apenas dos páginas de recurso. Unos pocos párrafos registrados el pasado 8 de octubre en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga el caso Kitchen, el operativo parapolicial para recuperar documentos sensibles sobre altos cargos del PP en poder de su extesorero Luis Bárcenas. Un plan que, según el juez instructor Manuel García Castellón, se ideó en la cúpula del Ministerio del Interior con cargo a los fondos reservados manejados por este departamento. El escrito fue presentado por el abogado del extitular de esa cartera en el momento de los hechos (2013-2015), Jorge Fernández Díaz. El histórico dirigente de la formación conservadora durante 35 años, procesado en esta causa y a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión por tres delitos: malversación de caudales públicos, encubrimiento y contra la intimidad.

La novedad del recurso no vino por su tamaño, sino por otro elemento de mayor impacto. Por primera vez desde que se investiga la trama desde hace cinco años, una pieza separada del caso Villarejo, la defensa de Fernández Díaz se adhirió a las apelaciones del PSOE y de su número dos en Interior, Francisco Martínez, también procesado, en contra de la exclusión del PP como responsable civil de estos hechos. Una decisión avalada por el juez en su auto de apertura de juicio oral.

Es decir, el veterano político de 73 años admite que su partido se «benefició» del resultado del seguimiento a Bárcenas para recuperar información en su poder sobre la caja B de la formación conservadora. De ahí que resulte «obvio, coherente y necesario», alegó, incluir al PP como responsable civil a título lucrativo y reclama que se siente en el banquillo por esta consideración.

La ruptura de hecho de Fernández Díaz con el PP llega casi en el tiempo descuento de la instrucción de la causa, con el auto de apertura de juicio oral ya dictado y sin haber hecho de forma previa ningún movimiento en su estrategia de defensa que involucrara a la cúpula del PP de Mariano Rajoy, en especial a la que fuera su secretaria general María Dolores de Cospedal, en el conocimiento de esta operación.

«Me siento decepcionado»

Lejos quedan aquellas palabras de Fernández Díaz en la comisión de investigación del Congreso sobre la Kitchen. En diciembre del 2021, compareció ante los diputados, exculpó a Rajoy y Cospedal y reiteró el mantra que repitió desde el primer día: «Me enteré por la prensa»; «si esa operación se hizo fue sin mi conocimiento». Pero comentó algo que entonces pasó desapercibido y que ahora, tras su último escrito, adquiere mayor relevancia. «Yo no acuso a nadie, me estoy defendiendo», dijo, y solo reconoció que, aunque no quería decir que había sido traicionado, sí estaba «decepcionado».

Defraudado

Es decir, que el procesado ya se sentía defraudado no solo con los indicios aportados por su número dos para incriminarlo sino también con su partido. La misma organización que le había suspendido de militancia ese mismo verano del 2021 y que aún hoy mantiene abierto su expediente pero sin ningún resultado a la vista. Este movimiento en los tribunales de Fernández Díaz abre otra incógnita no menos relevante. ¿Decidirá dar un paso adelante en una futura comparecencia en la comisión de investigación que habilite el Congreso sobre la actuación de la llamada «policía patriótica» en Cataluña? En la pasada legislatura ya concluyó el órgano creado a tal efecto que existió una estructura en Interior para «perseguir» a adversarios políticos, incluido el independentismo catalán. Sin embargo, en una reciente entrevista el exministro lo negó. También rechazó el término lawfare sobre una presunta campaña de los jueces para perjudicar a los dirigentes nacionalistas, incluido en el texto pactado entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. «Rotundamente no. Es una infamia contra el poder judicial», respondió. Pero a la pregunta sobre la existencia de una «operación Cataluña» no se cerró en banda: «Entra en un campo del que no voy a hablar por petición de mi abogado», afirmó.