Felipe VI, ocho años de reinado hacia una transparencia que refuerce la imagen de la Corona

María Eugenia Alonso MADRID | COLPISA

ESPAÑA

BENITO ORDOÑEZ

El jefe del Estado expulsó a su hermana Cristina de la Familia Real, rechazó su herencia y publicó su patrimonio personal

19 jun 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

«Una monarquía renovada para un tiempo nuevo». Ese fue el lema que condensó las intenciones con las que Felipe VI asumió la Corona el 19 de junio del 2014. Se buscaba entonces insuflar aire fresco a la Jefatura del Estado para acallar las voces críticas con una institución dañada por el viaje de Juan Carlos de Borbón a Botsuana y el caso Nóos. En estos ocho años, la Casa Real ha ido dando pasos para restablecer la ejemplaridad.

Auditoría externa

En aras de esa mayor transparencia, Felipe VI solicitó nada más acceder al trono el asesoramiento de la Abogacía del Estado para asegurar «que toda su actividad se ajusta a la ley». Para evitar dudas financieras, se acordó también someter la contabilidad interna de la Casa del Rey a una auditoría externa.

Incompatibilidades

Para que no pudiera repetirse un caso como el de Urdangarin, el monarca decidió hacer incompatibles las actividades públicas y privadas de los miembros de la Familia Real prohibiéndoles expresamente trabajar para empresas, tener negocios privados o dedicarse a cualquier otra cosa que no sean actos «de naturaleza institucional».

Regalos bajo lupa

Los miembros de la Familia Real están sujetos a un régimen que les veta aceptar regalos que puedan «comprometer la dignidad» de sus funciones institucionales, así como recibir «favores o servicios en condiciones ventajosas», dinero o préstamos sin interés.

Zarzuela publica cada año el listado de regalos institucionales que reciben los reyes, sus hijas y también doña Sofía, que van a parar a manos de Patrimonio Nacional.

Sin título a la infanta

El rey no esperó a que a la infanta Cristina se sentase en el banquillo por el caso Nóos y en junio del 2015 decidió revocarle el uso del título de duquesa de Palma, que Juan Carlos I le otorgó con motivo de su boda. Hasta entonces la infanta y su marido habían sido apartados de la agenda de la Familia Real precisamente por su comportamiento «no ejemplar». Pero con el nuevo reinado, el orillamiento fue absoluto. Cristina de Borbón no solo no fue incluida entre los miembros de la nueva Familia Real sino que ni siquiera fue invitada a los actos de la proclamación.

Renuncia a su herencia

En marzo del 2020, para desmarcarse de cualquier sombra de sospecha por las actividades financieras de su padre, Felipe VI hizo pública su decisión de renunciar a la herencia de don Juan Carlos «que personalmente le pudiera corresponder». También a cualquier activo, inversión o estructura financiera «cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad» que rigen la institución que comanda.

Inviolabilidad pendiente

Los negocios opacos de Juan Carlos I obligaron al Gobierno a cerrar filas de forma explícita con el rey y trazar una estrategia para separar los escándalos del emérito de la institución. De ahí que en un primer momento se dejara abierta la puerta a una posible ley de la Corona, que abordase un recorte de la inmunidad del jefe del Estado para circunscribirla únicamente al ejercicio de su cargo. Sin embargo, esta posibilidad se desechó ante el temor de abrir el melón constitucional.

Patrimonio personal

Con el objetivo de contribuir a la regeneración de la vida pública y seguir marcando distancias con su padre, Felipe VI hizo público en abril su patrimonio, que asciende a 2.573.392,80 euros entre cuentas bancarias, objetos de arte, antigüedades y joyas de carácter personal. El monarca, según fuentes de la Zarzuela, carece de cualquier activo inmobiliario y no tiene patrimonio ni depósitos en el extranjero.

Supervisión de gastos

Un día después de conocerse el patrimonio de Felipe VI, el Gobierno aprobó un real decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Corona por el que la Casa del Rey tiene que someter su contabilidad a la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Asimismo, está obligado a dar publicidad a sus contrataciones para que se asegure la concurrencia de ofertas y detallar en su web el presupuesto y los estados trimestrales de ejecución, los contratos suscritos, las retribuciones y los regalos.