Javier Sánchez-Junco Mans, el abogado contratado por el rey Juan Carlos para su defensa, atesora una larga experiencia como fiscal en materia anticorrupción, durante la que procesó al exbanquero Mario Conde por el caso Banesto. Sánchez-Junco dirige su propio bufete desde el 2001 y será quien dé cuenta públicamente de las informaciones que puedan afectar y se consideren procedentes del rey emérito.
Sánchez-Junco estuvo en la función pública durante veinte años, en los que estuvo destinado en la Fiscalía de los tribunales superiores de Justicia de Asturias y de Madrid, en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado y en la del Constitucional.
Su último destino fue la Fiscalía Anticorrupción, en la que estuvo cinco años (1996-2001) y en la que se ocupó de uno de los asuntos más relevantes de aquella etapa, como fue la investigación a Conde por la desviación de fondos a países como Suiza como presidente de Banesto.
Después de escuchar durante dos años a acusados y testigos en el juicio, Sánchez-Junco solicitó 49,5 años de cárcel para Conde, 14 años más de los que pidió al principio del proceso. La Audiencia Nacional fijó la pena en diez años, por lo que la Fiscalía recurrió al Supremo, que en el 2002 duplicó la pena de Conde.
Otro caso que también dio proyección mediática a Sánchez-Junco fue el de la malversación de más de 5.000 millones de pesetas de caudales públicos del Ayuntamiento de Marbella por parte del entonces alcalde de la localidad malagueña, Jesús Gil.
En el 2001, tras dejar la carrera fiscal con excedencia, fundó el bufete que lleva su nombre, especializado «en el asesoramiento de empresas y particulares en el ámbito socio-económico» y en defender a personas acusadas de delitos societario, contra el patrimonio y contra Hacienda.
Entre sus clientes destaca el empresario Javier López Madrid en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid y en el presunto acoso sexual y amenazas a la dermatóloga Elisa Pinto.