La Junta de Andalucía dio 950 millones en ayudas sin justificar, según la jueza Alaya
ESPAÑA
La irregularidad, en menor cantidad, ya había sido detectada por la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización y dio pie a una nueva investigación policial
25 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La jueza Mercedes Alaya sostiene que la Junta de Andalucía concedió a fondo perdido 950 millones de euros entre el 2008 y el 2011 en ayudas a la formación para el empleo que posteriormente no se justificaron. Una irregularidad que, en menor cantidad, ya fue detectada por la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización y dio pie a una nueva investigación policial sobre el uso de fondos públicos a través del Servicio Andaluz de Empleo y la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo para cursos de formación a parados.
La afirmación de la jueza del caso de los ERE? encargada también de esta instrucción, se desprende del auto de imputación en la causa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, a quien cita a declarar el próximo 16 de octubre como responsable de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos por una serie de ayudas concedidas para la formación de los extrabajadores de Delphi, una multinacional de automoción que cerró su factoría de Cádiz para llevarse la producción a Marruecos y con cuyos trabajadores la Junta se comprometió a una recolocación o a asumir su formación para su reincorporación al mercado laboral. Así, acabó dando unas ayudas de 70 millones de euros contrarias a la ley de subvenciones, dado que se concedieron «con ausencia de procedimiento» y «sin convocatoria ni base reguladora».
Un procedimiento excepcional
Entre otras anomalías, estas ayudas para acciones formativas «en alternancia con el empleo» se concedieron a sabiendas «de que la relación laboral posterior sería inexistente» y se otorgaron becas por asistencia a cursos «por encima del máximo legal permitido», según consta en el auto. Además, Empleo habría permitido la «subcontratación de actividades formativas» pese a no estar autorizado para ello.
La jueza reprocha que Fernández, quien ya pasó cuatro meses en prisión provisional tras su imputación en el caso de los ERE, dictase resoluciones de exoneración de justificación de las ayudas entre el 2008 y el 2011, un procedimiento que permite a las entidades beneficiarias seguir recibiendo ayudas y que según la norma debe ser un procedimiento excepcional, y no habitual. De esta forma, según las pesquisas policiales, salieron de las arcas públicas 950 millones de euros sin justificación posterior del gasto.