La normativa pretende mejorar las condiciones y aumentar los derechos de más de 28 millones de trabajadores europeos
11 mar 2024 . Actualizado a las 21:23 h.Los países europeos han llegado este lunes a un acuerdo sobre la ley rider europea -España ya dispone de la suya propia-, una norma que pretende mejorar los derechos y condiciones de más de 28 millones de trabajadores de plataformas en la Unión Europea (UE). Los ministros de Empleo y Políticas Sociales de los Veintisiete, reunidos este lunes en Bruselas, han logrado sacar adelante la norma, con la que se busca aclarar el estatus de los trabajadores de empresas como Glovo, Deliveroo y Uber Eats, entre otras, y asegurar que sus algoritmos son más transparentes.
«Esta es la primera normativa europea que regula el uso de algoritmos en el espacio de trabajo y que establece unos estándares mínimos para mejorar las condiciones de los trabajadores de plataformas», ha asegurado el ministro de Economía belga, Pierre-Yves Dermagne, en nombre de la presidencia del Consejo Europeo. El texto pactado entre los Veintisiete logra «un equilibrio», respetando los sistemas de empleo nacionales y asegurando un estándar mínimo europeo para estos empleados.
Con este reglamento, los Estados miembros se han comprometido establecer una «presunción legal» de que existe una relación laboral cuando «se encuentren hechos que indiquen control y dirección» por su parte. También señala que serán las plataformas digitales las responsables de probar que no existe una relación laboral. En cuanto a los algoritmos, se prohíbe el uso de la monitorización automática de datos biométricos y su uso en la toma de decisiones de los departamentos de recursos humanos.
La norma ha salido finalmente adelante después de que las reservas de Alemania, Francia, Estonia y Grecia frustraran su adopción en febrero y a pesar de haber rebajado su ambición inicial, al cambiar los umbrales en materia de presunción de relación laboral. El texto acordado se traducirá ahora a las lenguas oficiales de la UE y será adoptado formalmente por el Consejo y el Parlamento Europeo. Una vez completado este paso, los Estados miembros tendrán dos años para incorporarla a su legislación nacional. En el caso de España, desde el 2021 está en vigor la ley rider, que establece una serie de obligaciones para las plataformas más ambiciosas que la normativa europea aprobada este lunes.