La Ley de Vivienda contiene en su articulado multitud de normativas que están creando mucha polémica e inseguridad jurídica. Y ya es constatable que estas medidas están reduciendo drásticamente la oferta de viviendas en alquiler. En este 2023, la oferta de vivienda en arrendamiento está en mínimos históricos en Galicia y en España, y con sus precios en máximos. Este es uno de los nocivos efectos colaterales de una Ley Estatal de Vivienda que ya puede considerarse un fiasco y que debería haber sido la primera ley de nuestra democracia que hubiese servido para actualizar y agrupar las muchas y diversas normativas en el ámbito del urbanismo. Pero no ha sido así. No está contemplada ni una sola medida para aumentar la oferta en arrendamiento, sino todo lo contrario. Es una ley que penaliza al propietario. Y hay que recordar que en Galicia el 98,6 % de los propietarios son pequeños ahorradores.
La Ley de Vivienda es letal para los inquilinos vulnerables y los más jóvenes, ya que reduce notablemente sus posibilidades de poder alquilar. Ahuyenta la inversión tanto de personas físicas como jurídicas, y en especial la de inversores foráneos. No ha aliviado los precios, sino todo lo contrario. Ha reducido notablemente la oferta por la tremenda inseguridad jurídica creada. Todo ello con una demanda que seguirá creciendo a razón de un 7 % anual. En materia de okupación, la Ley de Vivienda somete al propietario a la posibilidad de sufrir un calvario cruel, injusto y el cual destruye por completo el significado de la propiedad privada en nuestro país.
Y no, las viviendas turísticas no tienen la culpa, y quien las demoniza solo comete un error. Son un efecto colateral de una legislación fallida, sin más. La responsabilidad de hacer las cosas mal no la tiene el ciudadano o la sociedad. La tiene el legislador, única y exclusivamente. En definitiva, nos están sometiendo a un nuevo laberinto normativo que solo contribuye a aumentar la ya desmesurada inseguridad jurídica, y la desproporcionada carga burocrática, con todos los efectos perniciosos económicos que ello conlleva. Tiene que haber un mercado único de vivienda y reducir el enorme exceso de regulación y una excesiva burocracia que solo crea inseguridad y desigualdad.
Lo que espero es una modificación sustancial de la nueva legislación, que derive hacia una tendencia más flexible y más liberalizadora. ¿Y qué se debería hacer? Normativas claras, concretas, agrupadas y legibles, y sobre todo dotar al mercado de la vivienda de seguridad jurídica real, la cual sea capaz de movilizar únicamente un 2 % del total de viviendas vacías en Galicia que, según el INE, son más de 506.000, para aumentar la oferta y bajar los precios. Seguridad jurídica e igualdad entre derechos y obligaciones de arrendadores y arrendatarios para incrementar la oferta de viviendas en alquiler. Esa es la única receta para ponerle freno al problema de la vivienda en alquiler para el 2024.