Los pagos a los parados han aumentado un 20 % en solo cuatro años pese a que el desempleo ha caído en la misma proporción
25 may 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Casi un 40 % de los gallegos mayores de 16 años dependen económicamente, en mayor o menor medida, de una prestación social. Son más de 924.000 personas, según la encuesta estructural a hogares publicada por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que muestra también que en el 2021, último año del que hay información, casi un 36 % de los ingresos de las familias procedían de pensiones, prestaciones por desempleo o los distintos subsidios que están a disposición de los trabajadores que no encuentran empleo o tienen alguna necesidad personal o familiar cubierta por el Estado.
Aunque el grueso de ese contingente lo forman los casi 683.000 perceptores de pensiones contributivas de la Seguridad Social (entre ellas, más de 480.000 de jubilación y 102.000 de viudedad), en los últimos meses se ha incrementado la nómina mensual de las ayudas a los desempleados. Y es que, si bien el paro registrado cayó un 7,5 % en Galicia en el último año, ese descenso no se notó en el volumen de prestaciones por desempleo. No solo sigue estable el número de perceptores (en el entorno de los 85.500 en la comunidad), sino que incluso se ha incrementado en el caso de las prestaciones contributivas, que requieren acreditar al menos un año de cotización previo a la pérdida del puesto de trabajo. En marzo había en Galicia 38.500 parados con prestación contributiva, 600 más que en el mismo mes del año anterior, a pesar de que la estadística señala que 11.500 personas abandonaron la lista oficial de desempleados en ese mismo período.
El incremento del número de ayudas se traduce también en un repunte de la factura mensual de las prestaciones y subsidios por desempleo, que ha pasado de los 90 a los 92,5 millones de euros al mes en la comunidad en el último año. El salto es aún mayor si se compara con el año previo a la pandemia (2019), cuando la nómina de las ayudas destinadas a los demandantes de empleo gallegos apenas superaba los 77,3 millones de euros, un 20 % más que en la actualidad, a pesar de que en estos cuatro años la cifra de parados registrados ha caído exactamente en la misma proporción.
¿A qué se debe esa paradoja? Hay varios motivos que explican este sobrecoste. El principal, el cambio legislativo impulsado por el Gobierno para revertir el recorte aprobado en las nóminas de los parados en julio del 2012, siendo ministra Fátima Báñez. Si entonces se rebajó el importe de la prestación contributiva del 60 al 50 % de la base reguladora a partir del séptimo mes (durante los seis primeros se percibe un 70 %), desde este enero el umbral se ha vuelto a elevar al 60 %, lo que se traduce en unos cien euros más de media al mes por beneficiario, una medida que se justificó por la necesidad de mitigar los efectos de la inflación en el colectivo.
Pero, además, la reforma laboral ha impulsado la contratación de trabajadores fijos discontinuos, que durante sus períodos de inactividad tienen derecho a cobrar paro (si han acumulado el período de cotización necesario o si pueden retomar alguna prestación antigua), pero no computan como parados registrados, sino como demandantes de empleo ocupados, ya que tienen un contrato de trabajo, aunque en ese momento esté suspendido. De hecho, el volumen total de demandas de empleo activas en Galicia solo cayó en 120 personas (un 0,05 %) entre marzo del 2022 y marzo del 2023 y se mantiene por encima de las 215.500.
Otro de los colectivos que ha visto mejorada su cobertura en los últimos años es el de los parados mayores de 50 años, que se topan con un sinfín de obstáculos para reingresar al mercado laboral cuando pierden su trabajo. En el 2019 se reformuló el subsidio por desempleo para estos trabajadores próximos a la edad de retiro, hasta entonces limitado a mayores de 55 años, para extenderlo a los que superan los 52 años. Pese a su exiguo importe, apenas 480 euros al mes, esta ayuda da soporte hasta que se alcanza la edad ordinaria de jubilación, ya que con la nueva regulación no se obliga, como se hacía antes, a acogerse al retiro anticipado, lo que penalizaba a los afectados al mermar su pensión.
Además, para que la cuantía de esta no se reduzca en exceso, los perceptores de este subsidio cotizan por un 125 % de la base mínima de cotización (lo que con los baremos actuales supone unos 1.575 euros al mes) y no por el 100 % que regía antes de la reforma del 2019.
La relajación para el acceso a este subsidio (cuyos perceptores deberán acreditar al menos 15 años de cotización, los necesarios para tener derecho a una pensión de jubilación llegada la edad de retiro) han elevado la cifra de beneficiarios en los últimos años hasta alcanzar ya los 435.871 en el conjunto de España, de los cuales cerca de 26.900 son gallegos.