La vivienda no puede ser pervertida por una excesiva intervención populista
ECONOMÍA
El sector de la vivienda no es un mercado persa, ni un partícipe del juego de tronos de ningún demagogo extremista. Intentar intervenir el libre mercado de la vivienda es laminar la libertad de toda una sociedad. Desde Fegein advertimos de las gravísimas consecuencias económicas, laborales y sociales de intervenir el mercado de la vivienda en España y, consecuentemente, también en Galicia. Provocar inseguridad jurídica total en el sector únicamente espoleará la especulación y los precios, aumentando la desigualdad social y favoreciendo, en el caso gallego, la deslocalización de inversiones hacia Portugal.
Por ello, resumimos un listado de medidas que permitirían mejorar el mercado de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, que requiere de un marco legal que aporte mayor certidumbre a todos los actores del mercado, por lo que consideramos de enorme interés que se proceda a la aprobación de una normativa de ámbito estatal, con rango de ley, que regule el sector. Eso sí, dejando a un lado las medidas populistas que, en aras de alcanzar una mayor justicia social, pueden socavar normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico.
Reactivar la producción de vivienda en Galicia en función de la necesidad de creación de hogares y sus necesidades reales de ubicación es imprescindible. Como lo es también priorizar el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, junto a la necesaria protección de la propiedad privada. Los empresarios inmobiliarios somos muy directos: el derecho a la vivienda digna no puede menoscabar el de la propiedad privada.
En este sentido, no compartimos cualesquiera medidas de naturaleza expropiatoria, de control de precios o la imposición de sanciones a quien tenga casas vacías. Pero sí solicitamos poner en carga todo el suelo destinado a vivienda de protección oficial retenido por las distintas Administraciones. En este sentido, pedimos al sector público que haga un inventario del suelo destinado a vivienda social disponible, procediendo a su desbloqueo. Y, a la vez, que se unifiquen en un marco general las leyes del suelo nacional y autonómicas, reduciendo la fiscalidad y creando un marco jurídico estable que viabilice la financiación hipotecaria, así como la seguridad jurídica del urbanismo.
Es básico incrementar el parque de vivienda en alquiler, incentivando a los propietarios y evitando políticas y leyes tendentes a la vulneración del derecho a la propiedad privada, a la vez que promovemos un mercado del eficiente y ágil que salvaguarde, de manera equilibrada, los intereses de propietarios e inquilinos. El establecimiento de precios de referencia del alquiler o cualquier limitación de los mismos es contrario a la ley de la oferta y la demanda, y al concepto de propiedad. Y más en todos aquellos supuestos en los que no se haya contado con ayudas públicas en la ejecución de las viviendas. Sirva de llamada de atención la nueva ley de arrendamientos urbanos aprobada en el 2019, que solo ha contribuido a retraer la oferta por parte de propietarios que no se sienten protegidos jurídicamente, y una ley hipotecaria que no ha contribuido en absoluto a reactivar el mercado de la vivienda.