El alcalde de Sada rechaza que obstaculice el derribo de dos inmuebles y dice que defiende al Concello y a los vecinos

La Voz SADA / LA VOZ

A CORUÑA

El número 6 del Camino de Fiunchedo está pendiente de un plan especial de reforma interior.
El número 6 del Camino de Fiunchedo está pendiente de un plan especial de reforma interior. Dolores Vázquez

Benito Portela afirma que no considera ilícito intentar no ejecutar la sentencia de demolición cuando hay opciones para legalizar los inmuebles

19 ene 2022 . Actualizado a las 14:31 h.

El alcalde de Sada, Benito Portela, negó este martes, en su declaración en el juzgado, que «na actuación deste alcaldía non houbo, nin hai, actuación de desobediencia aos mandatos xudiciais, nin de pretender eludir ilicitamente a execución da sentenza que ordena a demolición dos dous inmobles» situados en camino Fiunchedo 6 y avenida Sada y sus Contornos 3. Una sentencia anuló la licencia otorgada en el 2005 por el gobierno de Rodríguez Ares, tras una denuncia del constructor Gervasio Carballo. Portela explicó que no considera ilícito tratar de «inexecutar» la sentencia, legalizando las edificaciones de acuerdo con el planeamiento y la normativa urbanística «xa que así o prevé, expresamente, a lexislación do Contencioso-administrativo», estimó y puntualizó que lo que intenta con esta legalización es «evitar o que podería ser un enorme dano patrimonial para o Concello e para as familias residentes nos inmobles».

Sin embargo, remarcó que ello no ha supuesto la paralización del proceso administrativo de contratación para proceder a la demolición de los edificios. Precisó que tanto la subsanación de errores en el plan xeral en trámite (instada por el propio equipo redactor del documento urgabistico) como el proyecto de legalización del edificio de Sada y Sus Contornos así como el plan especial de reforma Interior (PERI) del de Fiunchedo, promovido por los propietarios, entiende que son procedimientos que el gobierno municipal está obligado a tramitar y resolver «Sería unha enorme irresponsabilidade non facer todo o posible, dentro da legalidade, para tratar de evitar a demolición duns inmobles que poderían, no seu caso, ser obxecto de legalización», afirmó.

«A miña actuación como alcalde en ningún momento supuxo intención ningunha de desobedecer ou desatender a obriga de executar a sentenza», consideró Portela.

Número 3 de la avenida Sada y sus Contornos, que también tiene pendiente una orden de derribo.
Número 3 de la avenida Sada y sus Contornos, que también tiene pendiente una orden de derribo. Dolores Vázquez

Antecedentes

El proceso de estas edificaciones lleva años coleando. En noviembre del 2014, el TSXG había ratificado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 de A Coruña y la anulación de la licencia de dos edificios con 58 viviendas de Sada. El Alto Tribunal desestimó el recurso del Ayuntamiento y de la promotora O Meu Lar y decretó el derribo de los dos edificios. La licencia para estos dos edificios colindantes, pero separados por una porción no edificable, se había solicitado en octubre del 2005, cuando gobernaba el PDSP de Rodríguez Ares en el municipio y se había concedido solo dos días más tarde. Los edificios se construyeron en un caso con una mayor edificabilidad de la permitida y, en el otro, realizando cambios en la cubierta prevista, tras segregar los solares, aunque sin contar con licencia para ello y pese a que hubo un intento por declarar la caducidad de la licencia, que inicialmente era por tres años, pero que no se llegó a ejecutar.

El único grupo que denunció en aquel momento la ilegalidad de las obras fue el BNG, que el 8 de abril del 2006 recurrió el otorgamiento del permiso concedido por la Junta de Gobierno Local el 21 de octubre del 2005. Su solicitud de revisión de oficio fue rechazada por resolución de Alcaldía mediante decreto. La licencia que amparó la construcción de estos dos bloques fue anulada en 2013, momento en que el Concello decretó la suspensión de los permisos de primera ocupación.

En mayo del 2019 el TSXG rechazó el recurso presentado por el Concello para lograr la «inejecución» del derribo del edificio, de 20 viviendas. Un año antes el Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña también rechazara la solicitud del gobierno local, que ampara a los vecinos en esta causa.

El Concello ultima la contratación del derribo de forma subsidiaria de uno de los edificios, el de Fiunchedo, que los propietarios intentan legalizar a través de un plan especial. El futuro del otro bloque, el de Sada y Contornos, pende de la aprobación de un proyecto de legalización, todavía en trámites. El Concello de Sada sacó a contratación a principios del 2020 la demolición del edificio de 38 viviendas del Camiño de Fiunchedo. Ocho empresas concurren al concurso, que todavía no se ha resuelto. Por el momento, no se ha sacado a contratación los trabajos de demolición del otro bloque, el de Sada y sus Contornos número 3, pero si existe una memoria y el contrato está en tramitación, indican desde el Concello.

Por su parte, la promotora del edificio de veinte viviendas de Sada y Contornos, O Meu Lar, y los propietarios del edificio de O Fiunchedo apuran los plazos para intentar legalizar los bloques al amparo del plan general aprobado en el 2017 y evitar el derribo. El promotor del bloque de la Avenida de Sada y sus Contornos número 3, presentó en julio del 2020 un proyecto de legalización del edificio, que según informó el Concello de Sada a los juzgados a finales del pasado año, tramitan los servicios técnicos municipales.

Los propietarios del edificio de Fiunchedo presentaron un plan especial de reforma interior para intentar regularizar el edificio que superó el proceso de evaluación ambiental estratégica y que continúa en tramitación. El plan especial plantea destinar parte del edificio a vivienda pública protegida y habilitar 4.600 metros cuadrados de espacios libres públicos, además de otra superficie para espacios libres privados, aparcamientos y ampliación de viario.

En noviembre del 2021 el Juzgado de Instrucción número 1 de A Coruña citó a Benito Portela tras la denuncia interpuesta por, Gervasio Carballo, que le acusa de «entorpecer» y «dilatar» la  orden de demolición de los edificios, una cuestión que negó el alcalde en su declaración.